El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, solicitó la convocatoria urgente de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica ante la nueva legislación impulsada por el Gobierno de Israel sobre Cisjordania, que calificó como una escalada del “anexionismo” israelí.
Abbas pidió una reacción internacional —especialmente europea— frente a la propuesta aprobada por el gabinete de seguridad israelí, que reforma la administración de la Cisjordania ocupada y amplía las competencias de las autoridades israelíes para autorizar asentamientos, confiscar tierras y gestionar lugares religiosos.
El mandatario realizó estas declaraciones en Amán, donde se reunió con el rey Abdalá II de Jordania y el príncipe heredero Huseín. Ambos líderes condenaron la iniciativa israelí por considerarla contraria al derecho internacional y a las resoluciones vigentes de la ONU, y advirtieron que la medida socava las instituciones palestinas y la solución de dos Estados.
Abbas alertó además que la reforma representa un riesgo para la seguridad y la estabilidad regional, en particular respecto de los lugares sagrados para el islam y el cristianismo. En ese contexto, instó al presidente estadounidense, Donald Trump, a reafirmar su rechazo al desplazamiento forzado de población palestina y a las anexiones territoriales.
Desde Israel, los ministros de Finanzas y Defensa, Bezalel Smotrich e Israel Katz, defendieron la reforma y la calificaron como un cambio “drástico” en la administración de Cisjordania. Entre las medidas, se contempla que autoridades israelíes asuman competencias sobre planificación territorial y licencias de construcción en Hebrón, modificando el sistema vigente desde 1997 que requería aprobación conjunta palestina e israelí.
El plan incluye la publicación de registros de propiedad de tierras —hasta ahora confidenciales— para facilitar transacciones privadas, la derogación de normas que impedían a no musulmanes adquirir terrenos y la creación de una autoridad municipal específica para administrar la Tumba de Raquel, en Belén.
Asimismo, la iniciativa amplía facultades de seguridad en las zonas A y B definidas en los Acuerdos de Oslo, en materias como recursos hídricos, protección arqueológica y control ambiental, áreas que estaban bajo administración civil palestina o compartida.
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