El Gobierno argentino envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años, como parte de una reforma integral del régimen penal juvenil.
La iniciativa sostiene que la situación de menores en conflicto con la ley penal constituye uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente el país y que resulta necesario actualizar el marco jurídico vigente. Según el Ejecutivo, Argentina y Cuba son los únicos países de la región que mantienen la edad de imputabilidad en 16 años, mientras que los registros oficiales mostrarían un aumento sostenido de delitos cometidos por adolescentes.
El proyecto contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión en casos de delitos graves. Para infracciones menores propone sanciones alternativas, como amonestaciones, trabajos comunitarios, prohibición de conducir y reparaciones a las víctimas. El texto también incluye una estimación del costo fiscal que implicaría la aplicación del nuevo régimen.
El oficialismo busca que las comisiones parlamentarias comiencen a discutir la propuesta esta semana, con la intención de llevarla rápidamente al plenario de la Cámara de Diputados. Sectores opositores dialogantes, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), manifestaron disposición a debatir el proyecto, aunque plantean que la edad de imputabilidad debería fijarse en 14 años.
Organizaciones civiles y de derechos humanos cuestionaron la iniciativa y advirtieron que este tipo de reformas no reduce la inseguridad, criminaliza a adolescentes y podría entrar en conflicto con la Ley 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
En mayo de 2025 el oficialismo ya había obtenido dictamen favorable para un proyecto similar, que establecía una pena máxima de 15 años, pero no logró reunir los votos necesarios para su aprobación en la Cámara.
Desde diciembre pasado, tras las elecciones legislativas de octubre, el partido gobernante La Libertad Avanza fortaleció su posición parlamentaria y se consolidó como primera minoría en Diputados y segunda fuerza en el Senado.
El Congreso se encuentra actualmente en período de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el 27 de febrero. Dentro de las prioridades del Ejecutivo también figura el tratamiento de una reforma laboral que el Senado podría debatir en los próximos días.